Entrevista al Prof. Carlos Rivero
Carlos Rivero es profesor de Historia egresado del IPA y ex Consejero del Consejo de Educación Secundaria por el orden docente
¿Cuál fue el origen de la representación de los docentes en los consejos de la enseñanza? ¿Cuál ha sido su importancia a lo largo de los años?
La historia de educación secundaria está ligada al gobierno colegiado, y a la representación docente, como desprendimiento de la Universidad de la República en 1935; secundaria nació con algunos genes del cogobierno universitario. Previo a la dictadura, la educación secundaria tenía representación docente en su gobierno y este aspecto fue justamente uno de los primeros atacados durante el “pachecato” y luego durante la intervención; basta recordar, como elemento importante, la situación del Prof. Arturo Rodríguez Zorrilla quien habiendo sido electo no pudo asumir. Otro rastro lo podemos encontrar en las ATD, un organismo consultivo, asesor del CES, que tiene como mecanismo la consulta a todos los docentes, y cabe aclarar que es un asesor privilegiado ya que tiene rango legal, previo a la dictadura y posterior a ella, aunque cambiando su denominación.
Con el debate de la ley 18.437 los colectivos docentes, tanto el sindicato como la ATD, impulsaron la postura histórica de autonomía y cogobierno, y en ese mismo sentido se expresaron los congresos de educación, que oportunamente convocó el gobierno. Los colectivos docentes hemos sido críticos con la ley que finalmente se promulgó, y que consagró la participación de los docentes desde un espacio minoritario en los organismos de gobierno de la educación. El PIT-CNT decide impulsar la participación de listas sindicales para disputar esos lugares en la misma línea que se desarrolló en otros organismos del Estado.
¿Qué cambios introdujo la LUC al respecto? ¿Cuáles piensas que son los objetivos perseguidos por la coalición de gobierno al instrumentar estos cambios?
La LUC, lo que hace en términos de la educación, es alinearse con la agenda internacional, en particular con la OCDE, la cual en sus recomendaciones al Estado uruguayo insiste en generar una nueva gobernanza para la educación, y pone especial énfasis en la adopción de modelos más centralizados de gestión y en la eliminación de la representación docente del gobierno de la misma.
Esto trae aparejado un modelo concentrador gerencial en el CODICEN en estrecho vínculo con el MEC. En efecto, esta dupla CODICEN-MEC, es un paso intermedio a la definitiva puesta de la educación pública en la órbita del MEC, por lo tanto del poder ejecutivo, eliminando la autonomía que históricamente ha tenido la educación.
Si observamos la práctica de gestión que se pretende legalizar, donde los directores generales participan en las sesiones de CODICEN, que ya se venía llevando adelante desde la gestión anterior en un esfuerzo por dotar de coordinación al sistema ANEP, en definitiva lo que se presenta como innovación ya tiene algún tiempo de implementación.
Al grito de "la gente nos votó para que gobernemos”, las autoridades educativas parecen abrogarse para sí y solo para sí la verdad educativa del Uruguay. Los otros hemos dejado de ser trabajadores que reflexionamos sobre lo que hacemos y podemos modificarlo, por ello desaparecen los consejos, pero esto de las verdades únicas se expresa en todo ámbito de intercambio con un colectivo docente. Las instancias bipartitas con el sindicato y los intercambios pedagógicos con la ATD también han sido vaciados de contenido; del diálogo y la participación solo nos ha quedado la cáscara formal.
El MEC sucesivamente ha ganado espacios en la órbita educativa en las últimas leyes de educación, y en la LUC se da un paso más.
¿Qué evaluación haces de la situación de la educación de cara al inicio de clases 2021?
Si consideramos que el 2020 fue un año de tensión para el sistema público de educación, y que recayó sobre sus trabajadores la responsabilidad de mantener el vínculo pedagógico y fortalecer los aprendizajes, además de intentar dar respuestas a la crisis social que se desencadeno a partir del covid 19, donde los trabajadores en general aportamos miles y miles de kilos de alimentos a las ollas y las familias, de nuestros estudiantes, lo razonable sería esperar para el 2021 un sistema educativo reforzado, con más presencialidad, más docentes, más acompañamiento, más tutorías. Pero nada de eso ocurrirá porque se recortaron horas, se recortaron grupos, en definitiva prevaleció la lógica fiscal por encima de lo pedagógico. Se dice que hay menos grupos porque han descendido los nacimientos - cosa que es parcialmente cierta- pero el mayor recorte no está en primero, sino en bachillerato. En definitiva se achican las posibilidades a los jóvenes para el acceso a la educación superior. Las autoridades planean poner el énfasis en la educación virtual y se eliminan cargos de POITE, que justamente es el puente entre el docente, la tecnología y el alumno.
Por otro lado, el discurso dice privilegiar la presencialidad y se recortan horas de coro y educación física. Sin dudas el discurso de la educación híbrida que dicen pretender llevar adelante está por lo menos verde aun, ya que hay constantes contradicciones entre el discurso y las medidas adoptadas.
¿Podrías dejarnos algunas reflexiones acerca de la importancia que entraña para la educación la derogación de los 135 artículos de la LUC que está impulsado el movimiento popular?
La tarea del ahora sin dudas es enfrentar el proyecto neoliberal con las herramientas que tenemos a mano. La LUC propone en sus artículos elementos claramente regresivos en materia de derechos y de libertades, que sin dudas hay que enfrentar. Los avances democráticos en el marco legal que tenemos son claros, y hoy la derecha pretende recortarlos salvajemente. El primer paso es juntar las firmas, y el segundo es derogar los 135 artículos puestos a consideración, para generar un bloque popular que enfrente esta embestida.
